EL TSJA ratifica la sentencia del Outlet Pikolín

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La ‘Plataforma contra el Outlet de Pikolín’ celebra la sentencia del Outlet Pikolín en un proceso abierto “contra el urbanismo a la carta”.

Esta sentencia es un paso más dentro de un proceso judicial que sigue abierto con dos causas pendientes, y que pretende proteger el comercio local y las afecciones medioambientales y de movilidad que suponen situar otro gran centro comercial en Zaragoza, la ciudad con mayor apertura de centros comerciales y también con mayor tasas de cierre.

Las entidades vecinales, sindicatos, comerciantes y organizaciones; Izquierda Unida Aragón, Yo compro en las Fuentes y alrededores, Movilidad y Consumo de UGT, la Asociación San José Barrio Comercial de Zaragoza, la Federación de Asociaciones de Barrio Saracosta de Zaragoza, la Federación de Servicios de CC.OO, Podemos Aragón, Zaragoza en Común y la Asociación Ecologistas en Acción conformaron la ‘Plataforma contra el Outlet de Pikolín’, con el fin de presentar la demanda contra la construcción de dicho outlet.

Esta semana, la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha reconocido que la construcción de dicho outlet Pikolin, ahora Outlet Torrevillage vulneraba el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Zaragoza, la normativa que rige el urbanismo de la ciudad.

Tal y cómo denunciaron las entidades firmantes, esto supuso “un flagrante caso de urbanismo a la carta en el Ayuntamiento de Zaragoza”, en el que participaron PSOE, PP y Ciudadanos, que antepusieron los intereses particulares de la familia propietaria de estos terrenos a los de la ciudad, “debiendo haber llevado a cabo un desarrollo urbanísticosostenible, respetuoso con el comercio local y paulatino en esa zona”, como recogía la memoria del Plan General.

La reciente sentencia en casación ratifica la primera sentencia de febrero de 2019, que estimaba el recurso de la Plataforma contra el Outlet de Pikolín, contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, de 24 de octubre de 2016, de aprobación definitiva del Plan Especial del Área de intervención H-61-5, promovido por IBEREBRO.

La Plataforma ha celebrado que los tribunales han ratificado la postura tomada en este asunto desde el comienzo del planteamiento del proyecto. Sin embargo, ha lamentado que la denegación de la suspensión cautelar de las licencias por parte de los tribunales en su día, así como la negativa a paralizar las licencias que propuso el Gobierno de Zaragoza en Común y la posterior modificación del Plan, desoyendo la primera sentencia por parte de PP, PSOE y Ciudadanos, haya posibilitado la construcción y apertura de este centro comercial, en clara vulneración del PGOU y en perjuicio de los intereses de la ciudad.

La sentencia recoge la principal denuncia de la Plataforma, que señala: “Debe atenderse cualquier interpretación de las normas del PGOU que resultan de aplicación al Acuerdo del Ayuntamiento de Zaragoza que se impugnó por la Federación, lo que recoge claramente la memoria del plan General, en relación al uso comercial admitido, que lo es especializado para determinadas mercancías”. También argumenta que “dada la previsión específica que en la Memoria se recoge, esta debe entenderse como elemento estructural del planeamiento y también lo es la exigencia de que el cambio de uso del suelo de un uso industrial a un uso comercial, de oficinas, hotelero o recreativo, tiene que ser paulatino”. Esto quiere decir que el cambio de uso comercial solo podría realizarse para determinadas mercancías y que, además, debe ser paulatino.

Reconoce que el acuerdo para aprobar la construcción del Outlet Pikolin vulnera el PGOU que proponía un cambio a uso comercial paulatino y sólo para determinadas mercancías tiendas de muebles etc…, que no supusieran un grave daño al comercio local.

Esta sentencia es un paso más dentro de un proceso judicial que inició esta la Plataforma contra la apertura del Outlet Pikolín y que aún tiene recorrido, puesto que sigue abierto con dos causas pendientes de resolución. Esta denuncia pretende proteger el comercio local y las afecciones medioambientales y de movilidad que suponen situar otro gran centro comercial en la ciudad de Zaragoza, la ciudad con mayor apertura de centros comerciales, también con mayores cierres.

Este desarrollo se llevó a cabo vulnerando la normativa vigente y una política urbanística en la que “siempre ganan los mismos, los especuladores, que se benefician de este urbanismo a la carta propiciado por algunos grupos políticos de esta ciudad, que son los que deberían dar cuenta a la ciudadanía”.

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