Aportaciones a la Comisión de Investigación sobre la Prórroga del Contrato del Autobús Urbano

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Comunicado conjunto de la UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ARAGÓN (UCARAGÓN) y la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE BARRIOS DE ZARAGOZA
(FABZ).

El texto se ha enviado al Servicio de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza y a los grupos.

La mayoría de los concejales del Ayuntamiento de Zaragoza, no han considerado oportuno que las entidades sociales interesadas aporten su análisis a la decisión de prorrogar el contrato del autobús urbano con AVANZA. Sin embargo, UCARAGON y FABZ consideramos que nuestra opinión es relevante en un tema que afecta directamente a los ciudadanos zaragozanos. Por ello vamos a trasladar a través de los medios de comunicación lo que no hemos podido decir ante los propios concejales.

Prórroga del contratoDos van a ser los ejes de esta intervención:

1.- Analizar desde el punto de vista de los usuarios el desempeño de AVANZA durante los diez años que ha disfrutado de duración de su contrato.
2.- Analizar desde el punto de vista de los usuarios el proceso de toma de decisión que llevó a acordar la prórroga de la contrata.

Desempeño de AVANZA

En el mes de diciembre de 2022, cansados ya de un conflicto laboral de más de 600 días UCARAGON Y FABZ hicieron llegar un documento a los grupos municipales en el cual se solicitaba la rescisión del contrato con AVANZA. Desde entonces nada ha hecho cambiar nuestra opinión al respecto, pero parece que no conseguimos convencer a los grupos de gobierno que decidieron no sólo no sancionar a la empresa, sino que la premiaron con la prórroga de su contrato por un periodo de cuatro años.

El desempeño de AVANZA ha sido manifiestamente defectuoso:

  • Mal clima laboral que se ha traducido en numerosos paros que han perjudicado notablemente la calidad del servicio.
  • Mala gestión del material. En torno a unos autobuses ardiendo, las quejas de los usuarios respecto a la climatización o a defectos en frenadas y sonorización, la necesidad de prorrogar la vida de autobuses de más de 16 años porque la empresa no había procedido a su sustitución.
  • Mala gestión de la información. Todos los medios de información de la empresa en APP, en las paradas y en los propios autobuses se han caracterizado por sus numerosas averías. Los tiempos de llegada a las parades rara vez se corresponden con la realidad. Los cambios de ruta no se notifican a los usuarios de forma útil y todo se resuelve con la APP que la misma empresa reconoce que tiene un bajo nivel de seguimiento.
  • Oscurantismo en los mecanismos de control ciudadanos. Los elementos de control a través de la página web del ayuntamiento nunca están actualizados y rara vez están completos.

Hay que añadir que no sabemos si existe un informe municipal sobre todas estas cuestiones y si existe no sabemos dónde se puede consultar. Esta es la opinión que cualquier ciudadano de los que usan en autobús tiene de este servicio. Claro que, para saberlo, hay que usarlo.

Prórroga del contrato con AVANZA

Una vez constituida la nueva corporación municipal tras las elecciones locales, el nuevo equipo de gobierno nos sorprendió con el anuncio de la necesidad de prorrogar la contrata del autobús con la empresa AVANZA.

Dos eran los principales argumentos:

  • En primer lugar, esta prórroga venía obligada por las inversiones que la empresa AVANZA había tenido que acometer para poder cumplir los requisitos necesarios para la obtención de unas sustanciosas ayudas europeas a la electrificación. La amortización de las inversiones obligaba a prorrogar por cuatro años el contrato.
  • En segundo lugar, se consideraba que no había tiempo material para llevar a cabo el proceso de licitación de un nuevo concurso para la concesión de dicho servicio, sin poner en riesgo la llegada de estos fondos a nuestro Ayuntamiento.

UCARAGON y FABZ accedieron al expediente correspondiente que dio lugar a la prórroga.

Hemos de decir que nuestro análisis no es un análisis de legalidad, ni es un análisis político, es un análisis en el que hemos intentado conocer si las razones que el Gobierno de la Ciudad argumenta son auténticas.

En el expediente se dice que respecto al plazo de concesión el contrato dice:

Artículo 6. PLAZO DE LA CONCESIÓN

El plazo del contrato de gestión del servicio público de transporte urbano en la modalidad de concesión será de diez (10) años, a contar desde el inicio de la prestación del servicio.

En caso de que resultase necesario, la duración del contrato podrá prolongarse hasta un máximo de cinco años si concurren las circunstancias previstas en el Reglamento Comunitario 1370/2007.

Reglamento (CE) no 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) no 1191/69 y (CEE) no 1107/70 del Consejo.

En este Reglamento se dispone:

“(15) Los contratos de larga duración pueden conducir al cierre del mercado durante un período más largo de lo necesario, reduciendo de esa forma los efectos beneficiosos de la presión de la competencia. Con el fin de distorsionar lo menos posible el juego de la competencia y mantener al mismo tiempo la calidad de los servicios, los contratos de servicio público deben ser de duración limitada. La ampliación de dichos contratos podría estar sujeta a su confirmación positiva por parte de los usuarios. Es necesario, en este contexto, establecer la posibilidad de ampliar contratos de servicios públicos a un máximo de la mitad de su duración inicial cuando el operador de servicio público deba invertir en activos con un período de amortización excepcional y, debido a sus características y restricciones especiales, en el caso de regiones ultraperiféricas, tal y como se detalla en el artículo 299 del Tratado. Además, podría plantearse la posibilidad de una mayor ampliación del contrato en caso de que el operador de servicios públicos haya hecho inversiones en infraestructura o en material rodante y vehículos que se consideren excepcionales en el sentido de que, para ambos conceptos, se hayan empleado elevadas sumas para su financiación, y siempre que el contrato se haya adjudicado tras un procedimiento de licitación equitativo”.

A este reglamento se sujeta la instrucción del expediente para establecer que hay unas inversiones extraordinarias, pero olvida que el reglamento establece una condición. UN PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN EQUITATIVO.

La cuestión ahora es doble:

  • Por una parte, establecer si las inversiones son consecuencia de la necesidad de poder acceder a las ayudas del PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR).
  • Por otra, si se cumplen las condiciones marcadas por el reglamento europeo para la prórroga de concesiones.

En ese sentido vemos que las inversiones en infraestructuras de electrificación y en autobuses eléctricos se acuerdan con anterioridad a la publicación de las bases de las ayudas PRTR. De hecho, la modificación del contrato se acuerda, tras un largo proceso de instrucción, el 8 de agosto de 2021 y las bases fueron publicadas el 17 de agosto del mismo año. Por lo tanto, la decisión del Ayuntamiento de modificar el contrato para que la empresa AVANZA haga una gran inversión en infraestructuras, material rodante y vehículos, se negocia y acuerda ANTES de la existencia de las ayudas que parecen justificar la prórroga.

En segundo lugar, en febrero del 2023 fecha de la iniciación del expediente de prórroga, Ayuntamiento de Zaragoza ya conocía que el proceso de licitación NO HABÍA SIDO EQUITATIVO como dictamina una sentencia contenciosa administrativa que da la razón al sindicato CUT en este sentido.

Es decir, ni la prórroga viene obligada por las ayudas europeas, ya que las inversiones son previas a la propia existencia de dichas ayudas, ni se cumplen la condiciones que marca el reglamento europeo para poder prorrogar la concesión.

En segundo lugar, el equipo de gobierno argumenta la dificultad de poder acometer el proceso de licitación en el plazo necesario.

Este argumento resulta altamente chocante. Un proceso de licitación, por complejo que resulte, tendrá un tiempo estimado de duración, llamémosle “TET” (tiempo estimado de tramitación). Lo que parece lógico es que los servicios técnicos del Ayuntamiento comiencen el proceso cuando el tiempo hasta el final del contrato se acerque al TET. Estamos hablando de un contrato a diez años, por lo que hay tiempo suficiente para tramitar con la calma necesaria.

No sabemos cuál es el TET de esta licitación, pero si sabemos que existe. Por lo tanto, resulta sorprendente que un informe del propio Ayuntamiento argumente la falta de tiempo para completar su tramitación.

En varias partes del expediente se alude a un TET de dos años. Uno de preparación y otro de licitación. Lo cual nos lleva a mediados del año 2021 como año de necesario inicio del proceso.

Por otra parte, en el mismo expediente se alude a que la normativa de las ayudas PRTR exige que el proceso de licitación se hubiera iniciado antes de 2022. Es decir, en el año 2021.

Pero ese año no se inicia ningún trabajo, sino que más bien al contrario se modifica el contrato con AVANZA para acometer unas fuertes inversiones en electrificación del servicio. Modificaciones que se plasman en la modificación del contrato de 8 de agosto de 2021. Es decir, el mismo año en el que deberían haberse iniciado los trabajos de licitación.

CONCLUSIÓN

Todo esto nos lleva a pensar que NO HUBO NUNCA NINGUNA INTENCIÓN DE INICIAR UN PROCESO DE LICITACIÓN y que más bien al contrario y antes de ninguna exigencia de las ayudas PRTR se modificó el contrato para que llegado el momento se pudiera aplicar la excepción que marca el Reglamento (CE) no 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) no 1191/69 y (CEE) no 1107/70 del Consejo. Sin embargo olvidaron la principal objeción que marca dicho reglamento: la prórroga no puede hacerse sobre un contrato que adolece de no nacer de UNA LICITACIÓN EQUITATIVA.

Durante todo este tiempo, los dos gobiernos sucesivos de la Ciudad nunca pronunciaron ni una sola palabra sobre una posible licitación. No entramos a valorar si la decisión de prorrogar es legal, eso lo dirán los jueces. Ni juzgamos el valor de la decisión tomada. La mayoría de la corporación es libre de tomar las decisiones que crea oportunas. Pero creemos que, si en 2021 se había decidido prorrogar la concesión, los zaragozanos teníamos todo el derecho a conocerla y poder ponerla en relación con la calidad del servicio que estamos recibiendo de esta empresa. Todo esto aderezado por una permanente negativa a acometer la necesaria reordenación de líneas que cada vez más dudamos que llegue algún día. Sobre todo, porque debería haber precedido a la concesión de las nuevas marquesinas. Y ya tenemos contrata de marquesinas y no tenemos reordenación.

Lo que ahora le toca explicar a la alcaldesa es la razón de que le ha llevado a prorrogar a AVANZA, pero esta vez la auténtica, no la cortina de humo con la que ha intentado engañar a los ciudadanos.

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